ANGEL CAMACHO
Hablar de eutanasia en México exige, antes que nada, detenerse a mirar el rostro humano del sufrimiento. No es un debate teórico ni una discusión lejana reservada para juristas o especialistas. Es una conversación que nace en camas de hospital, en hogares donde el dolor se ha vuelto cotidiano y en personas que enfrentan el final de su vida con miedo, cansancio y, muchas veces, soledad.
Desde una perspectiva humanista de la salud pública, la eutanasia es un espejo incómodo que refleja cómo el sistema de salud responde, o falla en responder, al sufrimiento de quienes ya no pueden curarse.
Para las personas con enfermedades terminales o crónicas avanzadas, el sufrimiento va mucho más allá del dolor físico. Se trata de la pérdida progresiva de la autonomía, del control sobre el propio cuerpo y de la identidad personal. Es depender de otros para comer, moverse o asearse; es sentir que la vida se reduce a esperar una consulta, un medicamento que no llega o una cama disponible.
En México, donde los cuidados paliativos no están garantizados de forma universal, este proceso suele vivirse sin el acompañamiento médico, psicológico y social que permitiría transitar el final de la vida con dignidad.
El dolor mal controlado sigue siendo una realidad para miles de pacientes. El acceso limitado a analgésicos potentes, la falta de personal capacitado en cuidados paliativos y la centralización de los servicios hacen que muchas personas enfrenten sufrimiento intenso e innecesario.
Desde la salud pública, permitir que el dolor persista cuando existen medios para aliviarlo constituye una forma de violencia institucional silenciosa, normalizada y pocas veces cuestionada.
Cuando una persona expresa el deseo de morir, esa voz no surge de la nada. Surge de noches sin descanso, de cuerpos agotados, de la sensación constante de ser una carga económica y emocional para la familia.
En contextos de pobreza, desabasto de medicamentos y sistemas hospitalarios saturados, la petición de la eutanasia puede ser menos una elección libre y más la consecuencia de una vida sostenida en el abandono. Escuchar esa voz con humanidad implica preguntarse qué apoyos faltaron, qué cuidados no llegaron y qué decisiones pudieron haberse tomado antes.
La figura de la voluntad anticipada representa un avance en el reconocimiento de los derechos al final de la vida en México, pero su impacto real sigue siendo limitado. Muchas personas desconocen su existencia o no cuentan con acompañamiento para ejercerla de manera informada.
Al mismo tiempo, gran parte del personal de salud no recibe formación suficiente para abordar la muerte desde una perspectiva ética y humanista, lo que perpetúa una atención centrada exclusivamente en prolongar la vida biológica, aun cuando ello signifique prolongar el sufrimiento.
Desde una visión humanista de la salud pública, la prioridad no debe ser acelerar la muerte, sino evitar que la vida se vuelva intolerable.
Esto implica garantizar cuidados paliativos integrales y oportunos, atención domiciliaria, apoyo emocional continuo y acompañamiento a las familias cuidadoras. Implica reconocer que cuidar no siempre es curar, pero siempre es aliviar, acompañar y respetar.
El debate sobre la eutanasia en México no puede darse sin asumir esta responsabilidad colectiva. Mientras existan personas que deseen morir porque nadie pudo o quiso aliviar su dolor, la discusión seguirá señalando una deuda profunda del Estado y del sistema de salud con la dignidad humana. Defender la vida también significa defender el derecho a no sufrir innecesariamente, a ser escuchado y a ser cuidado hasta el último momento.
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Y recuerden amigos, en Salud Pública: “Es mejor prevenir… que curar”.
