ANGEL CAMACHO
Durante años se nos ha vendido la idea de que los seguros de gastos médicos mayores representan una red de protección frente a la enfermedad. La realidad, para miles de usuarios en México, es muy distinta: la enfermedad se ha convertido en una oportunidad de negocio, no solo para aseguradoras, sino para un entramado donde participan médicos y hospitales privados que han normalizado el encarecimiento deliberado de la atención.
Hoy resulta imposible ignorar lo evidente. Cada hospitalización cubierta por un seguro se traduce en facturas infladas, estudios innecesarios, procedimientos “preventivos” de dudosa indicación y estancias hospitalarias que se extienden más allá de toda lógica clínica.
No se trata de casos aislados, sino de un modelo que se repite y que tiene un efecto inmediato: primas más altas, deducibles impagables y pólizas que se vuelven inaccesibles con el paso de los años.
La confabulación no siempre es explícita, pero sí funcional. Las aseguradoras establecen tabuladores que premian el costo, no la pertinencia médica. Los hospitales venden paquetes cerrados que anulan la capacidad de decisión del paciente. Y algunos médicos, atrapados o complacientes con el sistema, terminan tomando decisiones condicionadas por el reembolso y no por la ética profesional. En este escenario, el paciente deja de ser persona y se convierte en unidad de facturación.
El discurso de la “libre elección” es otra ficción. Quien cuenta con un seguro suele estar limitado a redes específicas, donde los costos ya están previamente inflados. Cuestionar una indicación médica o una cuenta hospitalaria es casi imposible para alguien que enfrenta una enfermedad grave, dolor, miedo y urgencia. La asimetría de información es total y el abuso, predecible.
Las consecuencias no son solo individuales, son estructurales. Este modelo expulsa progresivamente a la clase media del aseguramiento privado, profundiza la desigualdad y termina por recargar al sistema público de salud, al que llegan quienes ya no pudieron sostener una póliza cada vez más cara y menos útil. La paradoja es brutal: se paga más por recibir menos.
La ausencia de una regulación firme y la tibieza de las autoridades permiten que este círculo vicioso continúe. Sin transparencia en la facturación, sin auditorías médicas independientes y sin sanciones reales, la salud seguirá siendo tratada como mercancía de alto margen y no como un derecho humano.
Es momento de decirlo sin rodeos: cuando el sistema gana más mientras el paciente pierde, estamos frente a un problema ético mayúsculo. Enfermarse no debería ser un lujo ni una condena financiera. Mientras no se rompa esta lógica perversa, el negocio de la enfermedad seguirá prosperando a costa de la salud y la dignidad de las personas.
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Y recuerden amigos, en Salud Pública: “Es mejor prevenir… que curar”.
