ANGEL CAMACHO
Hablar de la muerte nunca ha sido sencillo. Es un tema que incomoda, divide y despierta profundas convicciones éticas, religiosas, médicas y jurídicas. Sin embargo, la llegada de la llamada Ley Trasciende, una iniciativa que busca regular la eutanasia en México, nos obliga a sostener una conversación que durante muchos años hemos preferido evitar.
En mi opinión, el verdadero debate no debería centrarse en si estamos a favor o en contra de la muerte, sino en cómo entendemos la dignidad humana cuando la medicina ya no puede curar y el sufrimiento se convierte en la única certeza.
Actualmente, en México la eutanasia continúa prohibida por la Ley General de Salud. Lo que sí existe en varias entidades federativas es la figura de la voluntad anticipada, mediante la cual una persona puede rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente su vida.
La Ley Trasciende propone ir un paso más allá: permitir que personas mayores de edad, con enfermedades terminales o padecimientos irreversibles que generan sufrimiento insoportable, puedan solicitar ayuda médica para poner fin a su vida bajo estrictos requisitos y controles legales.
No se trata de promover la muerte, se trata de reconocer que existen circunstancias en las que la medicina deja de ofrecer esperanza de recuperación y únicamente prolonga el dolor.
Para quienes nunca han vivido una enfermedad terminal en carne propia o a través de un ser querido, quizá resulte difícil comprender la dimensión de ese sufrimiento físico, emocional y familiar.
Como sociedad hemos avanzado en muchos derechos relacionados con la autonomía de las personas: decidir sobre nuestro cuerpo, aceptar o rechazar tratamientos médicos y expresar nuestra voluntad anticipada.
Entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué habría de ser diferente cuando una persona plenamente consciente, informada y con una enfermedad irreversible desea decidir cómo concluir su vida con dignidad?
Por supuesto, también comprendo las preocupaciones de quienes se oponen. Existen temores legítimos sobre posibles abusos, presiones familiares, intereses económicos o decisiones tomadas en momentos de depresión o vulnerabilidad.
Es precisamente por ello que cualquier legislación en esta materia debe construirse con los más altos estándares éticos, médicos y jurídicos, garantizando evaluaciones independientes, consentimiento libre e informado, apoyo psicológico, acceso universal a cuidados paliativos y mecanismos estrictos de supervisión.
La medicina tiene como misión aliviar el sufrimiento, pero también debe reconocer sus límites. Los cuidados paliativos seguirán siendo fundamentales y deben fortalecerse en todo el país.
Sin embargo, incluso con la mejor atención paliativa existen casos excepcionales en los que el dolor, la pérdida total de autonomía y el deterioro progresivo llevan a algunos pacientes a considerar que prolongar la vida ya no significa vivir con dignidad.
La Ley Trasciende también representa un desafío para el personal de salud; médicos, enfermeras y demás profesionales deberán contar con reglas claras, capacitación especializada y el derecho a la objeción de conciencia, siempre garantizando que el paciente pueda ser atendido por otro profesional cuando así lo permita la ley.
El equilibrio entre la autonomía del paciente y las convicciones del personal sanitario será uno de los aspectos más delicados de cualquier regulación.
No debemos permitir que este tema sea reducido a consignas políticas o religiosas. La muerte digna no pertenece a una ideología; pertenece al ámbito de los derechos humanos, la bioética y el respeto a la autonomía individual.
En una sociedad democrática, escuchar todas las voces es indispensable, pero también lo es reconocer que ninguna persona debería imponer sus convicciones personales sobre decisiones profundamente íntimas de otra.
Estoy convencido de que la discusión apenas comienza; habrá desacuerdos, argumentos encontrados y posiciones irreconciliables. Eso es natural en una democracia.
Lo importante es que el debate ocurra con información científica, sensibilidad humana y respeto absoluto por quienes enfrentan enfermedades que transforman cada día en una lucha contra el dolor.
La Ley Trasciende no resolverá todos los problemas del sistema de salud mexicano. Tampoco sustituirá la urgente necesidad de ampliar el acceso a los cuidados paliativos, al tratamiento del dolor y al acompañamiento psicológico.
Pero sí abre una conversación necesaria sobre el derecho a decidir cómo queremos vivir… y también cómo queremos partir cuando la vida ya solo representa sufrimiento irreversible.
Al final, una sociedad verdaderamente humana no se mide únicamente por cómo protege la vida, sino también por cómo acompaña a quienes enfrentan el final de ella con respeto, compasión y dignidad.
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Y recuerden amigos, en Salud Pública: “Es mejor prevenir… que curar”.
