El Espectador
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La 66 Legislatura de Tamaulipas aprobó anoche un punto de acuerdo que comunica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal una serie de irregularidades en un juicio de amparo, con relación a que se niega que un integrante del Congreso del Estado pueda formar parte del Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa). De esta manera, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, sigue “en la mira legislativa”.
Primero fue el diputado presidente, Humberto Prieto Herrera, el que lanzó advertencias al reynosense: “Sabiendo que la Comapa es un elefante blanco y que tiene un pésimo servicio en la ciudad, y la gente no me dejará mentir: no les llega agua, o les llega sucia, o los drenajes están tapados, o hay caídos y se tiran las aguas negras, aun así, en una ley con buenas intenciones por parte del Congreso, para coadyuvar a mejorar los servicios, no quieren esa ayuda”, señaló la semana pasada con relación al amparo interpuesto por la Alcaldía de Reynosa.
SEGUNDO “RAUND”
Por su parte, la diputada Eva Reyes dijo anoche que se hace referencia al incidente de suspensión emitido en el juicio de Amparo 1222/2024 por la Jueza Octava de Distrito, Adriana Yolanda Marroquín Vega, y su posterior confirmación por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con lo que la lucha por la Comapa de Reynosa inició una nueva batalla legal.
Señaló que la decisión de la jueza y los magistrados involucrados ha sido cuestionada por afectar el interés colectivo, al violar el debido proceso y “carecer de la fundamentación y motivación necesarias en sus resoluciones”.
La legisladora informó que también se presenta una queja formal ante el Consejo de la Judicatura Federal contra la jueza Marroquín y los magistrados Osbaldo López García y Carlos Gutiérrez López, con el objetivo de que se investiguen sus conductas y se tomen las sanciones pertinentes.
Lo anterior, ya que el Congreso considera que las acciones irregulares de estos servidores judiciales no deben quedar impunes, especialmente por la concesión de la suspensión provisional que afecta a las partes involucradas en el juicio.
