JORGE A. LERA MEJÍA
Entre enero de 2025 y junio de 2026, la política migratoria de Estados Unidos, bajo la segunda administración de Donald Trump, se ha endurecido de manera significativa, con efectos directos para la población mexicana y para otras diásporas que cruzan o residen en ese país.
La evidencia disponible apunta a un aumento en la coerción, la detención, la presión diplomática y la precarización del acceso a protección legal, mientras México enfrenta el reto de responder con mayor capacidad institucional y una estrategia integral de derechos humanos.
Uno de los indicadores más graves es el aumento de muertes en custodia migratoria. Human Rights Watch documentó 52 fallecimientos en custodia de ICE entre el 20 de enero de 2025 y el 4 de junio de 2026, mientras que KFF reportó 46 muertes entre el uno de enero de 2025 y el 18 de marzo de 2026, lo que muestra un patrón sostenido de deterioro en condiciones de detención, atención médica y supervisión.
Reuters informó además que al menos 17 personas murieron en custodia de ICE entre enero y principios de abril de 2026, después de 31 fallecimientos en 2025, la cifra más alta en dos décadas.
En relación a este tema, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la presentación de denuncias penales y civiles ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y fiscalías estatales por el fallecimiento de 17 migrantes mexicanos bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), esto al reconocer que las notas diplomáticas no han tenido ningún efecto hasta ahora.
A esto se suma la ampliación de las redadas y operativos en centros de trabajo. Distintos reportes citados por medios regionales con base en Reuters señalan que la administración Trump prevé intensificar en 2026 las redadas laborales y expandir su capacidad de detención, con foco en agricultura, empacadoras, hotelería, restaurantes y otros servicios, sectores donde la mano de obra migrante es estructural para la economía estadounidense.
El plano diplomático también se ha tensado. En mayo de 2026 se reportó que el Departamento de Estado inició una revisión de los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos, con la posibilidad de cerrar algunas oficinas, en medio de un contexto de fricción bilateral y acusaciones de interferencia política que el gobierno mexicano rechazó públicamente.
Aunque no hay evidencia pública concluyente sobre la cancelación generalizada de permisos A-2 para personal de apoyo consular mexicano, la sola amenaza de limitar operaciones consulares afectaría la protección cotidiana de millones de connacionales.
En materia de movilidad legal, el panorama es mixto. No se confirma una contracción de las visas H-2B (no agrícolas) en 2026; por el contrario, Reuters reportó que la administración estadounidense autorizó 65 mil visas H-2B adicionales hasta septiembre de 2026.
Sin embargo, ello no elimina los obstáculos prácticos de acceso, la incertidumbre regulatoria ni la vulnerabilidad laboral de quienes dependen de programas temporales sujetos a alta discrecionalidad administrativa. Lo mismo sucede en cuanto las visas temporales H2A (agrícolas).
Sobre DACA y ciudadanía por nacimiento, la situación revela una ofensiva política de gran alcance, aunque con límites judiciales. Trump impulsó restringir la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025, pero tribunales federales y finalmente la Suprema Corte rechazaron esa vía en junio de 2026, preservando el principio constitucional vigente.
En cuanto a DACA, persiste la amenaza política e incertidumbre jurídica, aunque el programa no fue cancelado de forma definitiva en el periodo analizado.
El endurecimiento ya tiene expresión cuantificable en las deportaciones. Con corte a abril de 2026, el Instituto Nacional de Migración reportó 217 mil 976 connacionales deportados desde el inicio del nuevo gobierno de Trump, a través de 16 puntos oficiales de repatriación, incluidos cuatro aeropuertos.
El mismo reporte señala un incremento notable de retornos por vía aérea hacia el sur del país, especialmente Tapachula y Villahermosa, que en conjunto concentraron una quinta parte de las personas deportadas en ese periodo.
Este patrón desplaza la presión humanitaria hacia entidades con capacidades institucionales limitadas y obliga a repensar la política de recepción.
No se trata solo de recibir deportados, sino de garantizar documentación, salud, alojamiento temporal, inserción laboral, apoyo psicosocial y defensa jurídica desde el primer contacto en territorio nacional.
La respuesta mexicana debe construirse sobre cuatro pilares: El primero es la protección consular y de derechos humanos.
La Cancillería, en coordinación con los consulados, la CNDH y las comisiones estatales debería establecer un mecanismo binacional de alerta temprana para detenciones, redadas, desapariciones y fallecimientos, con registro público, protocolos de acompañamiento a familias y litigio estratégico ante cortes estadounidenses e instancias internacionales.
El segundo pilar es la recepción y reintegración. El Gobierno federal y el Congreso tendrían que crear un fondo extraordinario para municipios y estados receptores, en particular en la frontera norte y en polos aéreos del sur, destinado a albergues, atención médica, certificación de competencias laborales, incorporación escolar y acceso inmediato a programas sociales y de empleo formal.
Ese fondo debe operar con reglas claras, indicadores y auditoría pública para evitar dispersión y subejercicio.
El tercer pilar es la acción internacional. México puede solicitar acompañamiento técnico y político de la ONU, la OIT, ACNUR, la CIDH y la OIM para documentar violaciones, supervisar estaciones migratorias y centros de recepción, fortalecer estándares laborales para trabajadores temporales y ampliar esquemas de protección complementaria para personas en riesgo.
La diplomacia mexicana también debe promover una narrativa basada en corresponsabilidad regional: la migración no puede ser tratada únicamente como asunto de seguridad, sino como fenómeno laboral, humanitario y de desarrollo.
El cuarto pilar es la vía legislativa y presupuestal. El Congreso mexicano puede convocar un acuerdo nacional sobre repatriación digna, con reformas para reconocer derechos de retorno, homologar servicios estatales y asegurar presupuesto multianual para atención a deportados y sus familias.
Paralelamente, debe fortalecerse la interlocución con legisladores, sindicatos, empleadores y organizaciones civiles de Estados Unidos para defender DACA, la ciudadanía por nacimiento y el acceso ordenado a visas laborales temporales.
En el corto plazo, conviene desplegar tres medidas: una mesa permanente México-Estados Unidos sobre protección consular y redadas; un programa emergente de atención en Tapachula, Villahermosa, Ciudad de México y AIFA; y un expediente integral, con respaldo de organismos internacionales, sobre muertes y abusos en custodia migratoria para exigir rendición de cuentas.
Sin una estrategia articulada entre Ejecutivo, Congreso, gobiernos estatales y organismos internacionales, el deterioro actual seguirá trasladando los costos humanos a las familias migrantes.
Como siempre, el hilo se rompe por lo más delgado…
