ANGEL CAMACHO
El auge de los procedimientos estéticos en México ha venido acompañado de una problemática alarmante: la proliferación de personas que se ostentan como cirujanos estéticos sin contar con la certificación, formación ni autorización sanitaria necesarias.
Esta práctica irregular no solo representa un fraude para los pacientes, sino un serio peligro para la salud pública.
En los últimos años, clínicas improvisadas, consultorios clandestinos y ofertas de “cirugías estéticas a bajo costo” han inundado redes sociales y plataformas digitales, atrayendo principalmente a mujeres jóvenes y adultos que buscan modificar su apariencia sin conocer los riesgos reales.
Detrás de muchos de estos procedimientos se encuentran individuos sin especialidad médica, sin cédula profesional o sin certificación por los consejos médicos correspondientes.
Las consecuencias han sido graves. Autoridades sanitarias y colegios médicos han documentado un incremento en complicaciones, como infecciones severas, necrosis de tejidos, embolias grasas, perforaciones de órganos, deformidades permanentes e incluso muertes.
Muchos de estos casos terminan saturando hospitales públicos, generando un impacto adicional en los servicios de salud que deben atender emergencias prevenibles.
Desde el punto de vista de la salud pública, el problema va más allá de una mala práctica individual. La realización de cirugías estéticas por personal no certificado implica la ausencia de protocolos de seguridad, falta de control de infecciones, uso de sustancias de origen desconocido y nula capacidad para responder ante una emergencia médica.
Esto convierte a estos procedimientos en una amenaza colectiva, no solo para quien se somete a ellos.
A pesar de que en México existen normas claras que regulan el ejercicio de la cirugía plástica, estética y reconstructiva, la supervisión y sanción siguen siendo insuficientes.
La falta de denuncias, el desconocimiento de la población y la publicidad engañosa han permitido que estos falsos especialistas continúen operando con impunidad.
Especialistas advierten que ningún procedimiento estético está exento de riesgos y que solo debe ser realizado por médicos con especialidad en cirugía plástica, debidamente certificados y en instalaciones autorizadas.
Verificar la cédula profesional, la certificación vigente y las condiciones del lugar no es una opción, sino una medida básica de protección a la salud.
El combate a los cirujanos estéticos sin certificación requiere acciones coordinadas: mayor vigilancia sanitaria, sanciones ejemplares, regulación de la publicidad médica y campañas de información dirigidas a la población.
La estética no puede estar por encima de la seguridad ni de la vida.
La cirugía estética practicada sin control es una bomba de tiempo. Ignorar esta realidad no solo pone en riesgo a pacientes individuales, sino que debilita la confianza en el sistema de salud y expone una falla estructural que urge corregir.
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Y recuerden amigos, en Salud Pública: “Es mejor prevenir… que curar”.
