JORGE A. LERA MEJÍA
Recordando la reflexión del prestigiado investigador del Colegio de México, doctor Manuel Gil Antón, durante su conferencia magistral en la UAM de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en el año 2018, abrió un debate indispensable sobre el rumbo de la educación mexicana:
¿Primero debemos evaluar al magisterio o construir un modelo educativo que realmente permita mejorar la enseñanza?
¿Puede existir calidad educativa sin formación docente, actualización permanente, evaluación pertinente y reconocimiento al mérito académico?
La pregunta adquiere especial relevancia frente a los resultados y las contradicciones de la llamada Nueva Escuela Mexicana.
Aunque su planteamiento pretende reivindicar la educación comunitaria, la inclusión, el humanismo y la justicia social, su instrumentación ha generado cuestionamientos sobre la profundidad de sus contenidos, la preparación de los docentes, los aprendizajes fundamentales y la ausencia de mecanismos suficientemente sólidos para medir y corregir las deficiencias educativas.
El problema no consiste en rechazar la educación humanista ni la justicia social, sino en advertir que ninguna transformación puede sostenerse sacrificando la calidad académica.
La escuela pública necesita maestros mejor preparados, incentivos para actualizarse, dominio de conocimientos científicos, competencias digitales y herramientas pedagógicas para responder a las nuevas exigencias de la sociedad.
La reivindicación laboral del magisterio es legítima, pero no debe confundirse con la renuncia a la profesionalización y a la responsabilidad de garantizar aprendizajes de calidad.
También preocupa la creciente influencia política de las dirigencias sindicales del SNTE y la CNTE en las decisiones educativas.
La interlocución con los trabajadores de la educación es necesaria y democrática; sin embargo, no debe convertirse en subordinación de la política educativa a intereses gremiales, negociaciones corporativas o mecanismos de movilización y control político.
La capacitación, la actualización, el desempeño y la meritocracia deben recuperar su lugar, sin desconocer los derechos laborales ni convertir la evaluación en un instrumento punitivo.
Esta problemática también alcanza a nuestras universidades públicas. Muchas instituciones de educación superior parecen haber perdido parte de su brújula académica al privilegiar indicadores administrativos, metas de productividad y cifras de publicaciones, mientras se posterga la renovación de laboratorios, bibliotecas, equipamiento, conectividad, infraestructura y condiciones dignas para el ejercicio docente.
Se exige más productividad a profesores e investigadores, pero no siempre se ofrecen salarios competitivos, estabilidad laboral, estímulos suficientes ni oportunidades reales de actualización.
En este contexto, resulta particularmente provocadora la crítica del doctor Gil Antón al señalar que el SNII debería llamarse “Sistema Nacional de Publicadores”. Su afirmación cuestiona una tendencia preocupante: confundir la producción de artículos y documentos con la generación de conocimiento original y socialmente útil.
Es importante precisar que los criterios oficiales del SNII vigentes en 2026 contemplan también investigación, formación de comunidades académicas, docencia y divulgación, además de establecer valoraciones cualitativas.
Sin embargo, el desafío consiste en evitar que la presión por acumular publicaciones termine desplazando la investigación sustantiva, la innovación y la solución de problemas nacionales.
Para nuestra querida Universidad Autónoma de Tamaulipas esta reflexión debe convertirse en una oportunidad de revisión y autocrítica constructiva.
Necesitamos recuperar una política universitaria que coloque en el centro al estudiante, al docente y al investigador; que fortalezca la formación pedagógica, incentive la actualización disciplinaria, modernice la infraestructura y reconozca la trayectoria académica por sus resultados reales, no exclusivamente por indicadores cuantitativos.
La transformación educativa no debe medirse por el control de los sindicatos, la cantidad de reformas curriculares, las estadísticas de promoción o el número de publicaciones.
Debe evaluarse por lo que aprenden nuestros estudiantes, la calidad de la enseñanza, la pertinencia de la investigación y la capacidad de nuestras instituciones para contribuir al desarrollo económico, científico y social de Tamaulipas y México.
La verdadera justicia educativa no consiste en disminuir las exigencias académicas, sino en ofrecer igualdad de oportunidades para alcanzar la excelencia.
Tampoco se trata de enfrentar a docentes con autoridades o investigadores con administradores, sino de recuperar una alianza institucional basada en responsabilidad, profesionalismo, libertad académica y reconocimiento al mérito.
La educación mexicana necesita menos subordinación política y más autonomía académica; menos simulación estadística y más investigación; menos clientelismo sindical y más profesionalización magisterial.
Ese es el debate que debemos asumir desde la UAT si aspiramos a recuperar la calidad, el prestigio y la pertinencia social de nuestras universidades.
