ROMÁN BOCK
En gobiernos anteriores a los gobiernos de Morena la migración mexicana fue tratada como un tema de números, pero no de personas.
Millones de familias se fueron porque aquí no encontraron lo que necesitaban, y aun así siguieron siendo parte de México: mandaron dinero, sostuvieron comunidades y contribuyeron al desarrollo del país de una manera que ningún programa gubernamental igualaba.
Pero también durante décadas ningún Congreso (ni federal ni local) les dio un lugar formal en la toma de decisiones; era algo que no estaba en los planes del Estado.
Fue Morena quien empujó de manera decidida para cambiar eso. Desde la LXV Legislatura, los morenistas presentaron iniciativas para crear una circunscripción migrante, ampliar las candidaturas en el Senado y garantizar que los connacionales pudieran participar también en elecciones municipales y locales.
No fueron propuestas menores, fueron el reconocimiento de que los mexicanos en el exterior tienen derechos políticos plenos y que el Estado tiene la obligación de hacerlos efectivos.
Los resultados son concretos. En 2021 llegaron once diputados migrantes a San Lázaro por primera vez en la historia. En 2024 se renovaron esos espacios y, por primera vez, el Senado recibió a una legisladora migrante postulada por Morena.
Esos representantes no llegaron a ocupar un lugar simbólico. Impulsaron aumentos al presupuesto consular, defendieron el Programa 3×1 Migrante, visibilizaron causas pendientes como la de los exbraceros y construyeron una agenda que antes simplemente no existía en el Congreso.
En los estados el avance también es visible. Zacatecas lleva casi dos décadas con esta figura y tiene cerca de 40 iniciativas aprobadas que lo demuestran.
La Ciudad de México elevó la diputación migrante a rango constitucional, en buena medida gracias al impulso de legisladores de Morena y Oaxaca se incorporó recientemente con la figura del legislador binacional.
Son pasos que van en la dirección correcta y que muestran que cuando hay voluntad política las cosas avanzan.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha entendido que este tema no puede quedarse a medias. Su administración ha sostenido una postura clara de defensa de los connacionales frente al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos; ha fortalecido la red consular y ha puesto sobre la mesa la necesidad de elevar a rango constitucional el derecho al voto de los mexicanos en el exterior. Eso definitivamente es una definición política que marca una diferencia real en la vida de millones de personas.
Claro que aún nos quedan pendientes. El mecanismo de postulación todavía depende en buena parte de las listas internas de los partidos; no todos los estados con alta migración han adoptado la figura.
La representación en el Senado puede y debe crecer. Pero señalar lo que falta no significa ignorar lo que ya se construyó y lo que se ha construido, con Morena a la cabeza, es más de lo que cualquier gobierno anterior hizo en décadas.
Un país que recibe más de 60 mil millones de dólares en remesas al año, pero que tardó décadas en garantizar a sus migrantes un lugar en el Congreso, tiene una asignatura pendiente con su propia coherencia.
Lo que Morena y la presidenta Sheinbaum están haciendo es precisamente eso: cerrar esa brecha, no de golpe, no sin tropiezos, pero con dirección clara y con el convencimiento de que la ciudadanía no termina en la frontera. Esa es, al final, la diferencia entre administrar un problema y asumir una responsabilidad.
