ANGEL CAMACHO
El ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha en la que México, al igual que muchos países, conmemora la lucha histórica por los derechos, la igualdad de oportunidades y el fin de la violencia de género.
Este año, las movilizaciones y pronunciamientos siguen colocando en el centro del debate público la pregunta de qué tan cerca o lejos está el país de una verdadera igualdad entre mujeres y hombres.
Avances en el marco legal
México ha construido un marco jurídico detallado para promover la igualdad de género. Entre las normas más relevantes se encuentran:
- La Constitución Política, que establece la igualdad entre mujeres y hombres como un derecho fundamental.
- La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que obliga a autoridades y empresas a prevenir y eliminar discriminaciones por género.
- La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dirigida a prevenir y sancionar distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Estas leyes han sido fundamentales para generar mecanismos de protección y para institucionalizar políticas de igualdad. La discusión pública reconoce el valor de estas normas y, en muchos sectores de la sociedad, también el de acciones afirmativas que buscan equilibrar desigualdades históricas.
¿Hay desigualdades que persisten?
Pese a estos avances normativos, la igualdad formal no siempre se traduce en igualdad real, según analistas, organismos de derechos humanos y colectivos feministas. Entre las principales críticas están:
Violencia de género: sigue siendo uno de los problemas más graves y persistentes; organismos como Amnistía Internacional señalan que la violencia de género impide alcanzar una igualdad sustantiva.
Brechas económicas y laborales: aunque las leyes prohíben la discriminación salarial, persisten diferencias de ingreso y participación económica entre mujeres y hombres, y hay desafíos en la participación plena en empleos formales.
Acciones afirmativas y percepciones: programas que buscan equilibrar desigualdades (como cuotas de género en cargos públicos o licencias de maternidad ampliadas) son objeto de debate. Mientras algunos señalan que son necesarias para corregir desigualdades históricas, otros opinan que sin transformaciones culturales y estructurales no bastan para lograr igualdad sustantiva.
La idea de que las leyes favorecen más a las mujeres que a los hombres entra en una discusión más amplia. Legalmente, México prohíbe la discriminación por género y reconoce igualdad formal de derechos.
Sin embargo, no hay evidencia generalizada de que el marco legal mexicano otorgue beneficios legales absolutos a las mujeres en todos los ámbitos frente a los hombres. Más bien, existe un enfoque de acciones afirmativas destinadas a mitigar desigualdades preexistentes, particularmente en ámbitos donde las mujeres han estado históricamente subrepresentadas o vulnerables (violencia, acceso laboral, representación política, etc.).
Algunas instituciones, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han señalado casos donde políticas o prácticas han sido discriminatorias también contra hombres (por ejemplo, la falta de permisos de cuidado para padres), pero estos se abordan como violaciones a los derechos humanos y no como “ventajas legales” generalizadas.
Para los movimientos feministas y organizaciones de derechos humanos, el 8M sigue siendo un día de exigencia:
- De cumplimiento efectivo de las leyes existentes.
- De políticas públicas que reduzcan la violencia y la desigualdad estructural que afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas.
- De transformación cultural que elimine estereotipos y roles de género que limitan la participación plena de todas las personas.
Este 8M, más allá de celebrar logros legales, buena parte de la sociedad mexicana reclama justicia, seguridad y oportunidades reales para que la igualdad no sea sólo un principio en el papel, sino una realidad que beneficie a todas y todos por igual.
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Y recuerden amigos, en Salud Pública: “Es mejor prevenir… que curar”.
