JORGE A. LERA MEJÍA
La iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, enviada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum al Congreso el 9 de septiembre de 2026, abre uno de los debates económicos más importantes de los últimos años: ¿La digitalización de los pagos representa un salto hacia una economía más moderna e incluyente o puede convertirse, indirectamente, en un mecanismo de mayor control sobre la actividad económica de los mexicanos?
El proyecto busca promover masivamente los pagos electrónicos, aprovechar infraestructura como SPEI y CoDi, facilitar la apertura digital de cuentas y obligar a proveedores y gobiernos a habilitar medios de pago digitales. La iniciativa permanece actualmente pendiente en comisiones de la Cámara de Diputados.
Entre sus ventajas, destaca la posibilidad de reducir costos, riesgos de robo y manejo de efectivo, además de mejorar la trazabilidad de las operaciones.
Para pequeños comerciantes, profesionistas y trabajadores independientes, construir un historial financiero mediante pagos digitales podría facilitar posteriormente el acceso al crédito.
El Gobierno sostiene, además, que la digitalización puede contribuir a formalizar actividades económicas que actualmente permanecen parcialmente fuera del sistema financiero.
Existe también un argumento de seguridad y eficiencia fiscal. Una economía con mayor trazabilidad dificulta operaciones ilícitas, evasión, lavado de dinero y determinadas formas de corrupción.
Asimismo, digitalizar pagos gubernamentales puede reducir intermediarios y transparentar el flujo de recursos públicos.
Sin embargo, los riesgos sociales y económicos no son menores. El principal problema es que México continúa siendo una economía profundamente dependiente del efectivo.
El propio Gobierno reconoce que alrededor de 85 por ciento de las operaciones menores a 500 pesos se realizan en efectivo, precisamente las compras cotidianas de millones de mexicanos.
Por ello, acelerar la transición sin resolver previamente la brecha financiera y tecnológica podría afectar especialmente a trabajadores informales, adultos mayores, pequeños vendedores, habitantes rurales y personas sin acceso permanente a internet, teléfonos inteligentes o servicios bancarios.
Existe además un debate legítimo sobre la privacidad económica. Cada pago digital genera una huella financiera: quién compra, cuánto paga, dónde, cuándo y con qué frecuencia. Aunque estos datos pueden utilizarse para combatir delitos y mejorar políticas públicas, también generan preocupación respecto de cuánto poder de supervisión adquiere el Estado sobre la microeconomía cotidiana.
Aquí aparece la crítica de quienes consideran que la reforma podría ampliar el control gubernamental sobre la economía, desde las grandes transacciones hasta las compras domésticas.
No necesariamente porque el proyecto prohíba el efectivo (la propia Presidenta ha aclarado que no se pretende eliminarlo), sino porque puede crear condiciones regulatorias y operativas que hagan cada vez más difícil utilizarlo. El desafío, por tanto, consiste en digitalizar sin excluir.
La transición debe garantizar alternativas para quienes todavía dependen del efectivo, infraestructura de internet suficiente, protección de datos personales, interoperabilidad, bajas comisiones y mecanismos de contingencia cuando fallen redes eléctricas, sistemas bancarios o telecomunicaciones.
La Ley de Economía Digital puede ser un instrumento de modernización financiera, inclusión y combate a la informalidad. Pero si la digitalización se convierte en una obligación generalizada antes de que todos los mexicanos tengan las mismas condiciones para incorporarse, podría profundizar desigualdades existentes.
La discusión no debería plantearse como efectivo contra tecnología, sino como una transición gradual en la que el ciudadano conserve capacidad de elección.
Digitalizar la economía puede ser positivo; convertir esa digitalización en una herramienta de vigilancia permanente de la microeconomía sería, en cambio, un costo democrático que debe evitarse.
En síntesis: el punto crítico no es que el Gobierno quiera impulsar CoDi, SPEI o cuentas digitales (eso puede ser modernizador), sino hasta dónde llegará la trazabilidad obligatoria y qué garantías tendrán quienes todavía necesitan utilizar efectivo.
La propia iniciativa contempla que, ante contingencias que impidan pagos digitales, pueda utilizarse efectivo o cheque.
