MARCO ANTONIO VÁZQUEZ VILLANUEVA
Mientras la capital de Tamaulipas se lavaba la cara para lucir mejor ante los visitantes con la reinauguración de la Central de Autobuses (que, hay que decirlo, por fin se ve decente), a cargo del alcalde Lalo Gattás y de los empresarios del transporte foráneo de pasajeros, el Estado se convulsionaba por tres noticias más.
La más importante, por el ruido mediático que se genera en torno a ella, es la acusación de un doctor que se metió al negocio de las despensas y cuyo contrato fue rescindido.
Él afirma que le exigían moches y que no accedió, las autoridades salieron a ofrecer información para asegurar que las acusaciones del doctor metido a empresario son falsas, que pretende quedarse con 500 millones de pesos sin hacer nada y que eso no sucederá.
Sobre las acusaciones de petición de moches y presión por parte de las autoridades, el doctor no ha presentado pruebas y, según el Gobierno, tampoco ha puesto el tema en una denuncia judicial, no la litiga, no hay acusación formal.
El Gobierno exhibió un documento en el que señala que el doctor-empresario no cumplió con los requisitos para otorgarle el contrato, entre otras irregularidades, presuntamente presentó documentación falsificada de una fianza.
El Gobierno, con los oficios correspondientes, argumenta que el contrato se firmó casi un mes antes de que ese documento, indispensable para el mismo, fuera emitido, de acuerdo con los datos proporcionados por la empresa afianzadora, lo que legalmente no es posible.
Ahora, después de conocer estos datos y la ley en la materia, los jueces ya no le han dado la razón al empresario, ha perdido cada litigio, en las diferentes instancias, en el que se ha involucrado durante los últimos tres años, no solo en los tribunales locales, sino también en los federales.
El médico sigue alegando que es inocente, que lo presionan y que tiene miedo. En contraparte, el Gobierno exhibe pruebas, argumenta el caso con un cronograma, muestra la situación actual del mismo y anuncia que aceptará la resolución de las autoridades judiciales al respecto.
Siendo honestos, el doctor-empresario de despensas, lleva muchos días pretendiendo litigar su caso en las redes sociales, acusando de una cosa y otra, con dichos y más dichos, pero con pocas pruebas para que la gente pueda darle la razón al caso, juega con la percepción que tiene la gente de los políticos.
Porque esa es otra, el director jurídico del Gobierno, Marco Antonio García Barrientos, cuya información oficial anexaré al final, afirma que todo lo dicho por el doctor solo se muestra en redes sociales, que no existe una sola denuncia o declaración sobre la presunta extorsión dentro de los expedientes judiciales.
“Y es un caso de tres años. Si su denuncia fuera real, ese sería el tema, pero una cosa es lo que dice en público y otra lo que se está litigando, porque lo que dice es libertad suya, sin embargo, lo que acusa ante la autoridad judicial lo tiene que probar, y sabe que no existe tal aseveración”, sentencia García Barrientos, titular del área jurídica del Gobierno del Estado, cuando habla en corto del caso.
En fin, el tema dará para mucho hasta que los tribunales federales resuelvan y, para ello, aún falta tiempo.
Otra noticia fue la suspensión de clases por la inauguración del Mundial, algo que poco se entiende porque el Secretario cada día decía una cosa distinta, sin embargo, muchos aplauden la medida porque, finalmente, los niños estarían distraídos.
El caso es que la noticia de la suspensión de clases puso a todo mundo en alerta, a favor y en contra, aunque, hay que decirlo, ni en uno ni en otro sentido se habla con argumentos sólidos, así que ya veremos cómo sigue la marcha del año escolar en Tamaulipas después de que se ha dado el primer paso: anunciar que se suspenden las clases por la inauguración del Mundial de Futbol.
La tercera noticia es que la burocracia también tendrá medio día de descanso por el mismo motivo, la inauguración del Mundial, ojalá todo sea fiesta, ojalá se aproveche para bien…
Aquí le dejo la información oficial relacionada con el primer comentario, seguro usted ya vio la otra parte en redes, como no se valen las medias verdades, esperemos que, con la información de unos y otros, usted se forme el mejor criterio de las turbulentas aguas de un contrato.
Litigio con empresa Dalka…
El consejero jurídico de la Oficina del Gobernador, Marco Antonio García Barrientos, aseguró que en los procedimientos legales relacionados con la empresa Grupo Empresarial Dalka, el Gobierno de Tamaulipas ha actuado conforme a derecho, luego de que la empresa incumplió con una obligación esencial relacionada con la presentación de las pólizas de garantía requeridas para asegurar el cumplimiento de sus compromisos contractuales, y no obedece a motivaciones políticas o mediáticas, ni a diferencias personales. “No hay ninguna persecución política”, indicó.
Durante una rueda de prensa, realizada la tarde de este miércoles en Palacio de Gobierno, García Barrientos señaló que se trata de un litigio desarrollado durante más de tres años ante instancias administrativas, judiciales y federales, no existe registro alguno dentro de los expedientes judiciales de acusaciones relacionadas con presuntos cobros indebidos o solicitudes de beneficios económicos.
Subrayó que tales afirmaciones vertidas por el representante de la empresa en diversos medios de comunicación durante la última semana no formaron parte de las demandas, recursos, pruebas o promociones presentadas durante el desarrollo del litigio y tampoco fueron materia de análisis por parte de las autoridades que conocieron del caso.
“Las resoluciones emitidas por los tribunales se construyeron con base en documentos, pruebas y elementos incorporados formalmente a los expedientes, no a partir de declaraciones realizadas en medios de comunicación”, puntualizó.
Refirió que las actuaciones del Gobierno de Tamaulipas han sido revisadas por autoridades estatales y federales, las cuales han confirmado hasta ahora la legalidad de las decisiones adoptadas por la administración estatal.
“El objetivo es que la ciudadanía conozca el contexto completo de este asunto. No estamos frente a una controversia política ni mediática; estamos frente a un caso que ha sido analizado durante años por tribunales, autoridades administrativas, fiscalías y órganos jurisdiccionales competentes”, afirmó.
Reiteró que el origen de este asunto se remonta al contrato celebrado el 15 de marzo de 2023 para el suministro de despensas, mismo que posteriormente fue rescindido por el Gobierno del Estado al considerar que la empresa incumplió una obligación esencial relacionada con la presentación de las pólizas de garantía, requeridas para asegurar el cumplimiento de sus compromisos contractuales.
Tras la rescisión, la empresa promovió una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa reclamando una indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, las resoluciones emitidas dentro del procedimiento han sido objeto de revisión por distintas instancias.
Recordó que, aunque inicialmente una sala unitaria resolvió a favor de la empresa, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa revocó esa determinación por unanimidad y ordenó la reposición del procedimiento, resolución que más adelante fue confirmada por autoridades federales al resolver un juicio de amparo.
García Barrientos explicó que la investigación penal contra el dueño y representante de la empresa, actualmente en curso, tampoco deriva de declaraciones públicas ni de diferencias políticas, sino de hechos detectados durante el desarrollo de los propios procedimientos legales.
Detalló que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó información a la institución afianzadora encargada de emitir las pólizas de garantía relacionadas con el contrato y que fueron presentadas por la empresa, encontrando una discrepancia entre las fechas asentadas en la demanda y la información proporcionada por la propia afianzadora.
Según expuso, mientras en el juicio administrativo se sostuvo que las pólizas habían sido entregadas el día de la firma del contrato, la institución emisora informó que dichos documentos fueron expedidos casi un mes después.
“Fue precisamente esa contradicción documental la que dio origen a la investigación. No se trata de opiniones ni de diferencias políticas; se trata de hechos contenidos en expedientes oficiales que hoy son objeto de análisis por parte de las autoridades competentes”, señaló.
El consejero jurídico también rechazó que exista algún tipo de restricción a la libertad de movimiento de la persona involucrada en el procedimiento penal.
Precisó que no existe una medida cautelar de arraigo y reveló que incluso el pasado tres de junio la propia representación de la empresa solicitó una pausa dentro de una audiencia judicial para explorar una posible conciliación con el Gobierno del Estado.
Derivado de esa solicitud, explicó, el representante de la empresa acudió personalmente a Palacio de Gobierno, donde fue recibido por autoridades estatales en un marco de respeto institucional y apertura al diálogo. Incluso mostró un video donde se ve al representante de la empresa caminar por los pasillos de Palacio de Gobierno.
“Ese hecho demuestra que no existe ninguna limitación para desplazarse libremente y también acredita la disposición institucional para escuchar y atender a todas las partes dentro de los cauces legales correspondientes”, indicó.
El funcionario reiteró que la actuación del Gobierno de Tamaulipas ha estado orientada a proteger el interés público y garantizar el uso responsable de los recursos estatales.
En ese sentido, recordó que posteriormente el suministro de despensas fue realizado a través de Diconsa, institución federal que ofrecía mejores condiciones para el Estado y para las familias beneficiarias de los programas alimentarios.
Finalmente, Marco Antonio García Barrientos sostuvo que serán las autoridades competentes quienes determinen el fondo del asunto y llamó a distinguir entre los procesos judiciales y las declaraciones públicas.
“Las partes tienen derecho a defenderse y a ejercer los recursos legales que consideren procedentes. Al final, las decisiones de la justicia no se construyen en entrevistas o conferencias de prensa, sino con hechos, pruebas y resoluciones emitidas por las autoridades competentes”, concluyó.
La UAT y la energía solar…
Alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas desarrollan un sistema de inteligencia artificial basado en redes neuronales que busca optimizar la generación de energía solar, reducir los costos operativos de su producción y promover la sustentabilidad ambiental.
El proyecto obtuvo el primer lugar en la categoría de posgrado en la etapa regional de la ExpoCiencias Tamaulipas 2026, logro que refrenda el compromiso del rector Dámaso Anaya Alvarado por apoyar el talento de los estudiantes y el desarrollo de sus innovaciones con impacto social.
Al exponer los detalles, Arnold Eluzaim Rodríguez Sánchez, alumno de posgrado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, especificó que el trabajo consiste en la creación, programación y entrenamiento de un software que permite pronosticar la irradiancia solar.
Arnold Rodríguez, y su compañero, Daniel Ricardo Blizzard Tapia, bajo la asesoría del doctor Edgar Tello Leal, investigador de la UAT, programaron el sistema con el objetivo de calcular y pronosticar, con un horizonte de 24 horas de anticipación, la cantidad total de radiación que se recibe del sol sobre la superficie terrestre, técnicamente conocida como Irradiancia Global Horizontal (GHI, por sus siglas en inglés).
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