JORGE A. LERA MEJÍA
A partir de enero de 2026 vamos fortaleciendo mi colaboración estratégica con la International Migrant Workers Union (IMWU), organización sindical con sede en el área de Washington D.C., dedicada a la protección y representación de trabajadores migrantes, en particular aquellos vinculados a esquemas de empleo temporal en Estados Unidos.
Bajo el liderazgo de su presidente, Jesús Sánchez‑Cañete, la IMWU se ha posicionado como un actor relevante en la defensa de derechos laborales, el acompañamiento legal y la generación de oportunidades de empleo regular y documentado para población migrante.
En 2023 la IMWU firmó un acuerdo de cooperación con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, orientado a articular esfuerzos en favor de trabajadores migrantes y empleadores que requieren mano de obra temporal, en un marco de legalidad y cumplimiento normativo.
De manera complementaria, en mayo de 2023 se formalizó un Memorando de Entendimiento (MOU) con el Federal Procurement Center (FPC) de la Minority Business Development Agency (MBDA), con el propósito de apoyar a empresas minoritarias mediante esquemas de contratación que integren fuerza de trabajo migrante en condiciones justas y reguladas.
Estas alianzas refuerzan la capacidad de incidencia de la IMWU en políticas laborales y en cadenas de suministro donde participan empleadores de origen minoritario y trabajadores extranjeros.
El objetivo central de la IMWU es representar a los trabajadores migrantes, promover su bienestar y defender sus derechos laborales en Estados Unidos, combinando acciones de organización sindical, gestión de contratos y procesos de capacitación.
El perfil profesional de su presidente, con experiencia en coordinación organizativa y formación, respaldada por su trayectoria vinculada a la Academy Del Castillo, refuerza la dimensión formativa de la organización.
En este sentido, la IMWU no solo actúa como sindicato, sino también como plataforma de información, orientación y empoderamiento para trabajadores que buscan insertarse de manera ordenada en el mercado laboral estadounidense.
Una de las líneas de acción más relevantes se centra en la regulación y apoyo a procesos de movilidad laboral temporal a través de visas H‑2A (trabajo agrícola) y H‑2B (trabajo no agrícola), con énfasis en trabajadores mexicanos.
Estas modalidades han experimentado un crecimiento notable en la última década: a partir de niveles inferiores a 40 mil visas anuales hacia 2016, la demanda y emisión conjunta de visas H‑2A y H‑2B se ha ampliado hasta superar las 500 mil al cierre de 2025, reflejando una expansión estructural en los programas de empleo temporal.
De hecho, el número de visas temporales en EU ha experimentado un aumento significativo entre 2016 y 2025, especialmente en el sector agrícola (H-2A), mientras que el sector no agrícola (H-2B) ha visto incrementos a través de asignaciones suplementarias autorizadas por el Congreso y el DHS.
El uso del programa H-2A se ha disparado. Para el año fiscal 2025, el programa siguió creciendo y, según datos de inicio de 2026, las certificaciones han continuado aumentando, con más de 13,300 trabajadores adicionales certificados en comparación con 2024. En 2024, se emitieron más de 315 mil visas H-2A, casi el cuádruple que hace una década.
Al 30 de enero de este año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Trabajo (DOL) anunciaron conjuntamente una norma final temporal que aumenta el límite numérico (o tope) de visas de no inmigrante H-2B en hasta 64,716 visas adicionales para el año fiscal 2026.
Este aumento plantea desafíos en materia de protección de derechos, prevención de abusos, condiciones de alojamiento, transporte y remuneraciones, así como en la transparencia de los procesos de reclutamiento y colocación.
En este contexto se enmarca mi participación como enlace y asesor en temas de movilidad de empleos temporales, aprovechando mi experiencia académica y de investigación desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas en migración y remesas.
Esta colaboración se orienta a: ampliar el número y la calidad de los empleos temporales, mejorar salarios y prestaciones, y promover contratos de mayor duración, transitando de esquemas de seis meses hacia modelos que alcancen un año o más, con posibilidades de renegociación interanual.
El enfoque prioriza el respeto a los derechos humanos, la reducción de riesgos de informalidad y la disminución de la vulnerabilidad frente a intermediarios abusivos.
La operación de estos objetivos se articula con el trabajo del abogado regiomontano Humberto Salinas Cepeda, especialista en migración, derechos laborales y colocación, a través de la Agencia de Colocación y Capacitación Consular (ACCC) y la Bolsa de Trabajo Triple S, con sede en Nuevo León.
Desde estas plataformas se impulsa la preselección, capacitación y vinculación de trabajadores mexicanos con empleadores estadounidenses, en coordinación con la IMWU, lo que permite alinear perfiles de mano de obra con requerimientos específicos de los sectores agrícola y no agrícola, bajo marcos contractuales formales.
En conjunto, la colaboración entre IMWU, el equipo de asesoría en movilidad laboral y los aliados jurídicos y operativos configura un modelo de gobernanza laboral transnacional basado en tres pilares: organización sindical, acompañamiento legal y fortalecimiento de capacidades de los trabajadores.
Este esquema contribuye a mejorar las condiciones laborales y sociales de los migrantes, a reducir prácticas de explotación y a potenciar el impacto positivo de las remesas en las regiones de origen, particularmente en México.
Asimismo, abre espacios para proponer ajustes normativos y nuevas prácticas de contratación temporal que favorezcan mayor estabilidad, seguridad y bienestar para los trabajadores y sus familias.
