ROMAN BOCK
Como un país democrático, México pasa constantemente por momentos de debate y redefinición. Uno de los más recientes surgió tras el rechazo de algunos diputados federales a la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro que la discusión electoral debe centrarse en fortalecer la democracia, ampliar la participación ciudadana y garantizar que todas las voces del país puedan ser escuchadas.
Las reformas institucionales deben ser vistas como una oportunidad para mejorar las reglas que permiten a los ciudadanos decidir el rumbo de la nación, incluso a aquellos paisanos que están fuera del país.
La reforma electoral planteaba revisar prácticas que durante años han generado daños dentro del sistema político y la verdad no es tan difícil de entender: quitar los privilegios de unos cuantos para fortalecer la democracia de todos.
Durante muchos años nuestro sistema político ha permitido que algunas élites partidistas concentren beneficios y recursos que muchas veces poco tienen que ver con las necesidades reales de la ciudadanía. La reforma buscaba cómo hacer que los partidos políticos representen mejor a la sociedad y no solamente a grupos de poder acostumbrados a operar dentro de las mismas reglas de siempre.
Por eso es importante señalar que quienes votaron en contra de la reforma son los mismos actores políticos de siempre y que históricamente se han beneficiado de esos privilegios. Aquellos que prefieren mantener intacto un sistema que les resulta cómodo antes que permitir transformaciones que acerquen la política al pueblo.
Uno de los aspectos más importantes de esta discusión tiene que ver con la representación real de las minorías dentro del Congreso pues durante años se han creado mecanismos que en teoría buscan incluir voces diversas, pero que en la práctica muchas veces terminan siendo ocupados por perfiles que no representan auténticamente a esos sectores.
En el caso de la comunidad migrante, si existen diputaciones destinadas a representar a los mexicanos en el exterior, lo lógico es que quienes ocupen esos espacios sean verdaderamente migrantes, personas que conozcan de primera mano la experiencia de vivir fuera del país, las dificultades del proceso migratorio y la profunda conexión emocional que se tiene con México.
Porque no debemos olvidar que la comunidad migrante mexicana no es un actor de segunda dentro de la vida nacional. Por el contrario, se trata de una de las comunidades más influyentes en términos sociales, económicos y culturales.
Millones de familias en México dependen del trabajo de quienes, desde otros países, siguen enviando apoyo a sus hogares y sosteniendo economías locales enteras a través de las remesas.
Por ello, el debate sobre la reforma electoral no debería limitarse únicamente a las disputas entre actores políticos dentro del territorio nacional. También debe considerar la realidad de los millones de mexicanos que viven fuera del país y que siguen profundamente conectados con el futuro de su patria.
La reforma electoral impulsada por la presidenta Sheinbaum retoma además un debate que México ya había comenzado años atrás con el llamado Plan B electoral, el cual abrió una discusión sobre cómo reducir los costos del sistema político, mejorar la eficiencia institucional y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana.
Más allá de las diferencias políticas que ese proceso generó, lo cierto es que dejó sobre la mesa una pregunta legítima: ¿cómo hacer que la democracia mexicana sea más representativa, más austera y más cercana a la gente?
En ese sentido, la reforma electoral no debe entenderse como un capricho político ni como una disputa entre partidos, más bien se trata de una exigencia que surge de millones de mexicanos que desean instituciones más eficientes y más representativas.
Y dentro de esa exigencia, la voz de los migrantes debe ocupar un lugar central. Porque si algo han demostrado los mexicanos que viven fuera del país es que su compromiso con México no depende de la distancia.
Desde distintos rincones del mundo continúan construyendo oportunidades para sus familias, apoyando a sus comunidades y manteniendo viva la identidad mexicana. Son millones de historias de esfuerzo que fortalecen al país todos los días.
Por eso, en medio de los debates políticos que hoy ocupan la agenda nacional, vale la pena recordar algo fundamental: la democracia mexicana también vive más allá de nuestras fronteras.
Si México quiere construir una democracia verdaderamente fuerte, deberá escuchar a todos sus ciudadanos, sin importar dónde se encuentren. Porque una democracia que escucha a su gente es una democracia que se fortalece.
Y cuando esa voz incluye también a los migrantes, entonces la nación entera se vuelve más justa, más representativa y más consciente de su propio futuro.
La democracia mexicana no termina en sus fronteras. Empieza, precisamente, cuando decide escuchar a todos los mexicanos.
