BÁRBARA LERA CASTELLANOS
El Gobierno federal ha emitido decretos laborales por vía ejecutiva, eludiendo al Congreso para agilizar reformas urgentes.
La STPS aprobará la subida del salario mínimo a 280 pesos diarios en 2026 (12 por ciento sobre 2025), endurecerá el registro horario con multas hasta 500 por ciento del salario y el IMSS ultima la jubilación flexible, permitiendo retiros parciales de Afores desde los 60 años.
En Tamaulipas estos cambios impactan directamente su economía, dominada por maquiladoras (35 por ciento del PIB estatal, INEGI 2025) y petróleo (PEMEX contribuye 20 por ciento).
La subida salarial inyectará 15 mil millones de pesos anuales en consumo local, según estimaciones de la Secretaría de Finanzas estatal, elevando el PIB per cápita de 180 mil pesos (2025) en un tres a cinco por ciento.
En Reynosa y Nuevo Laredo, zonas con 250 mil empleos formales, beneficiará a 40 por ciento de trabajadores en manufactura, reduciendo pobreza laboral del 42 por ciento actual (Coneval 2025).
Sin embargo, el registro horario estricto (con obligatoriedad de sistemas biométricos y auditorías) elevará costos operativos en ocho a diez por ciento para pymes maquiladoras (datos Canacintra Tamaulipas), potencialmente frenando la inversión extranjera que generó 12 mil empleos en 2025.
Lamentablemente el riesgo de informalidad podría subir al 55 por ciento si no hay incentivos fiscales.
La jubilación flexible alivia a 120 mil derechohabientes IMSS en el estado (proyección 2026), con retiros promedio de 150 mil pesos, estimulando ahorro en vivienda y salud.
No obstante, amenaza la sostenibilidad de Afores, con un déficit proyectado de dos por ciento en fondos tamaulipecos para 2030 (Conapo), exigiendo cotizaciones adicionales.
Estos decretos dinamizan la economía tamaulipeca, pero demandan políticas complementarias para mitigar costos empresariales y garantizar viabilidad fiscal.
